Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso sobre el impacto en la salud que supone la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria gratuita. En el texto, el PSOE ha indicado que “la exclusión de los inmigrantes en situación irregular supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, tendrá un enorme impacto en términos de salud, en especial para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá de su capacidad de renta para poder costearlos”.

José Martínez Olmos.

Los socialistas han reclamado que, “de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias”, las reformas adoptadas por el Gobierno “no limiten el acceso de las personas que residen en España a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal”. También piden que se evalúe el impacto en la salud de los recortes del Real Decreto Ley 16/2012, en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud, en un plazo de seis meses, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Salud pública, y que se informe de los resultados de dicha evaluación, con el objetivo de mejorar las actuaciones.

Cambio de modelo sanitario de manera unilateral

En la iniciativa, los socialistas sostienen que “la reciente decisión del Gobierno de propiciar el cambio de modelo sanitario de manera unilateral, sin diálogo y sin el apoyo del sector sanitario ni de los partidos políticos”, ha supuesto “romper el principio de universalidad de la atención sanitaria”, uno de los “principales consensos básicos que, en los últimos 25 años ha guiado la política sanitaria de España”. Asimismo, han denunciado que el Real Decreto Ley de recortes en sanidad supone “un cambio del modelo español de sanidad, hasta hoy universal, público, gratuito y equitativo”, puesto que “se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento, lo que supone la mayor agresión a la sanidad pública de la historia de nuestra democracia”. Esta decisión “adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública”, han asegurado.